Afirmó que las situaciones denunciadas por la diputada interpelante se dan desde hace más de 20 años
El ministro del Interior, Nicolás Martinelli —interpelado por el Frente Amplio (FA) en la Comisión Permanente por la situación actual del sistema carcelario, a raíz de la muerte de seis reclusos el pasado 25 de setiembre en la celda 94 del Módulo 4 del centro penitenciario Santiago Vázquez y de las denuncias públicas de ingreso de menores a la visita de agresores sexuales a la cárcel de Punta de Rieles — dijo que, a pesar de tener una carpeta con todo lo que sucedió en las cárceles en los gobiernos del FA, no va a “caer en el barro”.
Tras escuchar la alocución de la diputada interpelante, Bettiana Díaz, así como las preguntas, aseguró que las responderá todas, aunque recordó no podrá brindar algunos de los datos solicitados ya que el exministro del Interior Eduardo Bonomi [fallecido] los declaró secretos.
Dijo que a las autoridades les “duele” lo sucedido el 25 de setiembre, que lamentan los hechos, envió sus condolencias a familiares y allegados de los fallecidos, y brindó su reconocimiento y apoyo a los funcionarios que actuaron “rápida y profesionalmente”.
Celebró el tono de la diputada interpelante porque, dijo, “todos los uruguayos están cansados de ver a los políticos echarse culpas” en temas que son de gran preocupación.
Pidió “madurez política” para llegar a una declaración conjunta en la que se señale que el sistema político es capaz de lograr “consensos y políticas de Estado”.
Si bien dijo que evitará hablar del pasado, expresó que bien podría hablar de lo que pasó en 15 años de gobiernos del FA, mencionando 12 reclusos fallecidos en la cárcel de Rocha, 3 homicidios en el Comcar en 2020, “antes que asumiera este gobierno”, el asesinato de una mujer embarazada en 2017, algo que consignó es la “primera vez en la historia que alguien muere durante el transcurso de una visita”, la muerte en 2009 de 5 jóvenes reclusos en un incendio en 2012, actos de canibalismo por parte del “Pelado Roldán”, “El Cosita” que descuartizaba gente, un policía ultimado en 2012, y “otros hechos”, pero, dijo “le haría muy flaco favor al debate, al presente y al futuro”.
“No hay ministro del interior que no haya tenido que lidiar con muertes en el sistema penitenciario”, dijo Martinelli.
El ministro recordó que en 2005 se decretó la emergencia carcelaria y que 4 años después vino al Uruguay el relator de Naciones Unidas y dejó un informe “tenebroso” sobre el estado de las cárceles en Uruguay “hablando de hacinamiento” y que “los internos se hacinan como animales enjaulados”, que “beben del retrete”, que había “166% taza de hacinamiento en el Comcar, y que los “internos [estaban] en condiciones deplorables”, entre otras cosas.
“Luego de 20 años hay 15 años que gobernó el Frente Amplio con mayorías absolutas y viento de cola, y hoy estoy siendo interpelado por una situación que se arrastra desde hace más de 20 años”, dijo Martinelli, quien acotó que “el Frente Amplio se está interpelando a sí mismo”.
El jerarca destacó los programas del Ministerio de Desarrollo Social en las cárceles y de Inefop, la educación y el trabajo en las cárceles, y la inauguración de la primera Utu en una cárcel, entre otros logros.
La diputada interpelante, Bettiana Díaz, había comenzado tratando la situación en general del sistema penitenciario y aclaró que no adjudica “intencionalidad”. Denunció “violación de derechos” en el sistema penitenciario y promesas incumplidas por parte del Gobierno; dijo que existe un “profundo deterioro del sistema penitenciario” y que “no son hechos aislados”, sino que “responden a problemas estructurales que se han profundizado”. Respecto a la rehabilitación en el sistema penitenciario, dijo: “Todos probamos la misma receta y nos viene saliendo muy mal”.
Criticó la Ley de Urgente Consideración (LUC), señalando que se aprobó “sin contar con plan presupuesto ni con un plan para rehabilitación para el aumento de la población carcelaria”. Expresó que se “aumentaron las penas y se recortaron beneficios”.
El FA no pidió la renuncia del secretario de Estado. “No se soluciona pidiendo renuncias sino conociendo los motivos de circunstancias fatales que se repiten una y otra vez”, dijo Díaz, quien aseguró que la convocatoria en régimen de interpelación no es para “tirarle muertos encima a nadie”, por considerar que “enrostrarse muertos no es lo que sociedad necesita”.
La diputada señaló que en agosto de 2023 Uruguay superó el umbral de las 15 mil personas privadas de libertad, “siendo uno de los países mayor tasa de prisionalización del mundo”, que en 2005 había 207 por cada 100 mil habitantes, que en 2019 se alcanzó las 328 personas por 100 habitantes, mientras que en 2023 se llegó a 435 presos por cada 100 mil habitantes.
Aseguró que hay “poco espacio fiscal” y que “no se ha priorizado el sistema penitenciario como es debido”.
La legisladora —quien integra la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General— sostuvo que “el camino que se fue transitando no ha sido el adecuado” y que “el hacinamiento carcelario aumentó considerablemente en los últimos años”. Afirmó que Uruguay ocupa el décimo lugar en el mundo en el ranking de países con mayores niveles de prisionalización. Dijo que “en 2019 había 95 personas privadas de libertad por cada 100 plazas en el sistema”, y que “en 2023, hasta abril de 2024, había 120 personas privadas de libertad por cada 100 plazas”.
Aseguró que el hacinamiento de las personas privadas de libertad ha derivado en una situación “crítica” y que las cárceles “son tierra de nadie”, conociéndose noticias de personas “secuestradas y torturadas dentro de los mismos centros penitenciarios”. Llamó a encontrar medidas para que las cárceles uruguayas dejen de ser la “vergüenza nacional” que son, considerando que esto amerita reacciones “inmediatas y urgentes” y que no la situación “no se soluciona con manuales a futuro”. Agregó que no es posible hablar de rehabilitación, sino que se está “institucionalizando prácticas violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los trabajadores civiles y policiales”.
Denunció falta de recursos humanos: “1.200 trabajadores para 16.000 personas privadas de libertad”, así como casos de reclusos que estuvieron “9 meses sin salir al patio”. A esto, añadió que “no se garantiza el acceso a la salud, a la Justicia, a visitas, que las personas privadas de libertade no reciben paquetes de sus familias, que la mayoría no acreditan saberes, y la falta de programas efectivos de tratamiento y abordajes técnicos de acompañamiento y tratamiento.
Para el FA “no queda clara la política carcelaria en esta administración”. Recordó el «Compromiso con el País» con promesas incumplidas, como la cárcel de Treinta y Tres, y la construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad, así como el Presupuesto Nacional que manifestaba la “imperiosa” reforma del sistema carcelario que convierta los establecimientos penitenciarios en “auténticos lugares de rehabilitación y no en escuelas del delito”, mejorando la infraestructura, con más cárceles de menor tamaño, pero también desarrollando programas que combinen la atención sanitaria, incluido el tratamiento de adicciones, la educación formal y la capacitación laboral que facilite la inserción de las personas liberadas. “Casi nada de esto ha sucedido”, manifestó Bettiana Díaz.
Bettiana Díaz dio los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que en abril de este año daba cuenta que se habían “generado 1.335 plazas nuevas”, existiendo “déficit de al menos 2.500 plazas”, a lo que “se sumaba que alrededor de 600 plazas estaban en construcción, lo que dejaría un déficit de 2 mil plazas”.
Cuestionó el «Plan Dignidad Carcelaria» presentado en el Presupuesto Nacional, para lograr en 15 años un sistema de cárceles diferente al recibido por el actual Gobierno. Dijo que “parcialmente el sistema está cumplido” y que sí es “totalmente diferente” al recibido, pero “en peores condiciones”.
“Es importante reconocer que hay pequeños éxitos en este mar de horrores y esos éxitos son gracias al compromiso, no solo de las autoridades, sino de las personas que sostienen el encierro”, expresó la diputada interpelante.
Afirmó que “los principales niveles de hacinamiento se encuentran en el interior del país”, con un promedio de 140%, llegando en la zona metropolitana y centro de ingreso al 170%.
Sobre las condiciones de reclusión, dijo que en 2019 el 27% de personas privadas de libertad se encontraba bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que actualmente llegan al 43%, sobre una población mucho mayor.
También expresó que en 2019 por cada persona privadas de libertad el presupuesto para alimentación era de 105 pesos por día para alimentación, y que en 2023 descendió a 88 pesos por día, que el gasto en salud en 2019 era de 50 mil pesos anuales, mientras que actualmente es de 33.500 pesos. Agregó que no aumentaron los funcionarios.
También hizo referencia a los datos de Nómade Consultora que consignan peores condiciones de reclusión y de rehabilitación para las presas que para los presos.
Posteriormente, fue concretamente a los hechos que llevaron a la convocatoria al Parlamento. La interpelante denunció “falta de información”, de “protocolo de actuación” y de un “programa de agresores sexuales” en la cárcel de Punta de Rieles que llevaron a que niñas, niños y adolescentes visitaran a ofensores sexuales “sin custodia” ni “supervisión” en los salones de visita, sin “registro de contralores” ni “garantías a las víctimas ni a las personas denunciantes”. Sobre el incendio fatal del 25 de diciembre pasado en la cárcel de Santiago Vázquez, recordó que 10 meses antes otros 6 reclusos murieron en la misma situación en el Módulo 4 de Santiago Vázquez, tras un incendio intencional. Sostuvo que en ese módulo había 813 reclusos, mientras las plazas eran para menos de 400, así como la carencia de recursos humanos para atenderlos. Aseguró que el MI “no ha logrado tomar las medidas mínimas necesarias a un problema de larga data”, y que no tiene “medidas preventivas”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia condenó a bajar el hacinamiento en el ex Comcar y que 11 días después se dio el incidente fatal, que en mayo de 2024 dio lugar al recurso presentado por el comisionado parlamentario para mejorar la alimentación, que el Sindicato Policial Nacional denunció en el Parlamento las condiciones en las que trabajaban [ratas, cucarachas, suciedad, hongos, comida con gusanos o en mal estado, instalaciones eléctricas precarias, etc.] y que “echaron” al Servicio de Paz y Justicia fue “echado”. También mencionó que la Organización de Funcionarios Penitenciarios pidió en el Parlamento que se declare la “emergencia carcelaria”.
Acompañan al ministro el subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Pablo Abdala; la directora general de esta Secretaría de Estado, María José Oviedo; el director nacional de Policía, José Azambuya; y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza; entre otras autoridades.
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